Congreso de la República y periodo congresal

La propuesta del presidente Alan García, en su reciente mensaje a la Nación referido a la renovación del Congreso de la República, sin duda que es atinada y necesaria para mejorar la alicaída imagen de tan importante Poder del Estado, lo que por cierto incidirá en una mejor relación con la población y porque no decirlo con los electores que depositaron su confianza en los congresistas elegidos.

Uno de los mayores errores como república es el énfasis presidencialista, dispuesto por la mayoría de nuestras cartas constitucionales en el manejo del Estado. Los contrapesos políticos son necesarios para la estabilidad y gobernabilidad del país, y mucho mas la capacidad de diálogo y concertación, que muy bien el Congreso puede concebir. Experiencias parlamentarias del pasado nos ilustran de las consecuencias de la ácida relación del Legislativo con el Ejecutivo y lo frágil de nuestra endeble democracia. La renovación del Congreso puede influir en tan cívico propósito, en la medida que sea expresión de nuestra pluralidad democrática, como de un genuino perfil de quienes la conforman, los aspectos que atañen al concepto de representación deben también ser definidos, procurando que la inclusión social sea el signo distintivo del nuevo foro legislativo, cuya representación política debe reflejar nuestra variopinta realidad cultural y multilingüe.

La iniciativa presidencial debe merecer un amplio debate mas allá de los linderos congresales, considero que el mandato legislativo convendría una duración de tres años y que la renovación del Congreso debería realizarse por tercios, esto permitiría que los temas de agenda del Pleno continúen con normalidad y no se alteren las prioridades y urgencias legislativas del país. Hay que dar paso al concepto corporativo de la iniciativa legislativa, que debe ser fruto de la institución o segmento social que se representa, más no de la audacia y afán individualista que busca ganar protagonismo y posicionamiento electoral.

La elección de los congresistas de la república, no debe correr a la par con la elección presidencial, pues muchos son elegidos por auparse a la candidatura presidencial - por efecto de la cifra repartidora, mas que del voto preferencial - Es insólito que tengamos congresistas que por azar de una victoria electoral ocupen una curul parlamentaria, sin haber pasado por el tamiz de una campaña propia, sin padrinazgo de una candidatura presidencial. No esta demás decir que son los mas beneficiados con la ley electoral vigente, que permite que sean elegidos en primera vuelta, lo que trae consigo la eventualidad de dejar sin mayoría en el Congreso, al partido elegido como gobierno.

Un debate nacional, sobre esta reforma constitucional es lo más provechoso, porque es precisamente del seno del Congreso de la república, donde se han engendrado muchos de nuestros males de nuestra historia republicana; el proceso de descentralización y su larga espera son un claro ejemplo, amén de otros errores históricos más. Revertir estos errores es también una necesidad para construir un país mejor, de cara a un futuro con mayor prosperidad y solidez democrática.
Ferreñafe, agosto 2009

Salvemos nuestros bosques...

Cada vez más nuestros bosques siguen siendo inmisericordemente depredados, por inescrupulosos que buscan el dinero fácil, mediante la tala ilegal de árboles - especialmente algarrobos - y por la punible invasión de áreas reservadas y protegidas por el Estado, a consecuencia de la ineptitud de malos funcionarios, como por la desidia de deficientes autoridades que no realizan esfuerzos concertados, para poner atajo a la destrucción paulatina de tan valiosos pulmones ambientales, cuya labor se constriñe al frágil cumplimiento del marco normativo y de espontáneos operativos de vigilancia, lo mismo que en concreto no revierte el daño causado a nuestros bosques.
La invasión de áreas protegidas y reservadas, con el condenable propósito de darle uso agrícola, conlleva posteriormente a dilatados procesos de desalojo y recuperación por parte del Estado, lo que evidencia asimismo que el Estado no es un buen albacea de los bienes en custodia; resulta entonces ineludible y necesario identificar de manera responsable y con la mayor objetividad, las razones por las cuales en las últimas décadas, se han disipado áreas patrimoniales de la Nación, cuyo perverso cambio de uso ha beneficiado a unos pocos, en perjuicio de muchos.
Es urgente que se evalúe con rigor los resultados, a la par de las normas existentes y comprobar si son eficaces y viables, como también en que medida se adscriben a un plan estratégico nacional de protección ambiental, que involucre a la sociedad civil ,a los niveles de gobierno local, regional y nacional, en una agenda de mayor compromiso y responsabilidad social en temas tan sensibles e impostergables; que demuestren asimismo propósitos y objetivos invariables, al igual que una firme voluntad política para atacar las verdaderas causas del problema, que ponen en grave riesgo nuestros bosques.
Se tiene que insistir, en que no basta lo hasta hoy realizado, que es inevitable y urgente refrendar nuevas disposiciones normativas, que consoliden la protección y sostenibilidad ambiental, como un sagrado interés de la nación representada por el Estado; que se prohíban -por ejemplo - que panaderías, pollerías, parrilleras y otros, el uso de leña y carbón. Del mismo modo no se extienda ninguna licencia más, para giros comerciales que utilicen dichos insumos; a la vez se estimule con incentivos a las existentes para que en plazo determinado e improrrogable cambien a otros insumo que no sean leña y carbón; estableciendo como parte de su declaración de actividad comercial, la renuncia al uso de leña y derivados. Asimismo se sancione con penalidades mas duras a quienes brinden servicio de carga y transporte ilegal de leña y/o carbón, instituyendo como una adición a la normatividad vigente - por ejemplo - la inhabilitación de la licencia de conducir y derechos de línea, según sea el caso. Es insoslayable el hecho que la función de los órganos jurisdiccionales, no están debidamente delimitadas, cuya ambigüedad trae consigo la falta de eficiencia y celeridad en las acciones, del mismo modo que son permisivas para eludir responsabilidades.
En lo referente a la invasores de tierras, se debe disponer que todo ingreso de productos a mercados mayoristas y minoristas debe contar con un Certificado de Producción Agrícola, autorizado por la oficina correspondiente del Ministerio de Agricultura, que garantice la legitimidad del bien producido en áreas ciertamente de uso agrícola, que se sancione con el mismo rigor a quienes comercialicen productos de dudosa procedencia, carentes del correspondiente certificado. Si los bienes producidos se comercializan libremente, sin el control exigido, se corre el riesgo de alentar la mayor producción y beneficio económico de quienes usufructúan tierras ocupadas ilegalmente, y además porque el dinero mal habido corrompe con mas facilidad a malos funcionarios, en perjuicio del imperio de la ley y de la sostenibilidad ambiental
La tala desmedida e insensata de árboles, lleva a un incremento del dióxido de carbono, por cuanto los árboles vivos almacenan este compuesto químico ( CO2 ) en sus fibras, los mismos que al ser cortados son devueltos hacia la atmósfera, constituyendo uno de los principales gases "invernadero” que inciden en el cambio climático. La depredación de nuestros bosques, perjudica al país y a la propia humanidad, no lo permitamos más, no importa el lugar en que socialmente nos ubiquemos, nuestra voz perseverante y acción permanente puede lograr que los muros de la indiferencia e impunidad caigan para siempre por el bien y el futuro de los que vendrán después de nosotros.